Edición especial: España

Este artículo forma parte de la serie sobre el estado de la educación en el mundo. En Global Mentor estamos comprometidos con la formación de maestros y profesorado en España y en América Latina.

Desde la recuperación de la democracia, España ha experimentado notables avances en materia educativa, sin perjuicio de que arrastre algunos problemas persistentes. Para comprender la realidad educativa en España, resulta necesario partir del marco constitucional. La Constitución de 1978 regula la educación de forma extensa en su artículo 27, contemplándola como un derecho fundamental y estableciendo el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica. Además, hay que tener en cuenta que España se organiza territorialmente como un Estado descentralizado, de manera que las comunidades autónomas han asumido muy amplias competencias en materia educativa, mientras que el Estado se encarga de los aspectos básicos y generales.

El sistema educativo español ha logrado consolidar unas tasas de escolarización prácticamente plenas (en particular desde los tres a los dieciséis años), cuenta con un profesorado cualificado y, con carácter general, dispone de instalaciones adecuadas. Sin embargo, a pesar de esta evolución positiva de largo alcance, no puede obviarse la existencia de algunas sombras sobre el desempeño del sistema educativo y, sobre todo, de profundas brechas educativas que contribuyen a reproducir e incluso a agravar las desigualdades socioeconómicas.

La educación en disputa

Los principales debates sobre la realidad educativa que acaparan la atención política y mediática tienen que ver, por un lado, con las polémicas sobre el pluralismo lingüístico en las comunidades autónomas con lengua propia, sobre en todo en Cataluña; y, por otro lado, con los resultados de la educación española en el informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, elaborado por la OCDE).

En relación con el pluralismo lingüístico, aun cuando queda garantizado el dominio de las dos lenguas oficiales, el uso vehicular del catalán en el sistema educativo de Cataluña (conocido popularmente como “inmersión”) es objeto de intensas críticas y de una recurrente judicialización que se enmarcan en el contexto del conocido conflicto territorial.

En cuanto al informe PISA, suelen destacarse los mediocres resultados obtenidos en matemáticas o comprensión lectora. Aunque no pocas voces autorizadas consideran que este tipo de informes no son suficientes o determinantes para valorar en su justa medida el rendimiento del sistema educativo, los resultados del informe PISA tienen un impacto social significativo y, para importantes sectores de la opinión pública española, reflejan la necesidad de mejorar la calidad educativa.

Una crítica habitual en la esfera pública hace referencia a los continuos cambios normativos, que vendrían a dificultar la gestión educativa y la labor docente. Las principales normas en materia educativa son la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y, sobre todo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), siendo esta última modificada sustancialmente en 2013 (LOMCE) y 2020 (LOMLOE). Ahora bien, sin que puedan descartarse algunos inconvenientes, no parece que las características nucleares del sistema educativo español hayan variado sustancialmente en las últimas décadas.

Un problema estructural de la educación en España es la insuficiencia de su financiación, que ha venido siendo inferior a la media de los países de la Unión Europea. Por ello, el legislador de la LOMLOE (2020) impulsó un plan de incremento del gasto público educativo para alcanzar un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto.

El debate sobre la equidad

Desde la perspectiva de la equidad, más debatida en sectores especializados de la comunidad académica y educativa que en el entorno político-mediático, la educación española se ve atravesada por fracturas socioeconómicas que no logra compensar e incluso tiende a acrecentar. En concreto, la principal singularidad del sistema educativo es el elevado peso de la denominada educación concertada, que varía según la comunidad autónoma. En la educación no universitaria, los centros educativos se clasifican en públicos, privados (con alrededor de un 3 por ciento del alumnado matriculado) y privados concertados (cerca de un 30 por ciento del alumnado). Los centros privados concertados son de titularidad privada, en su mayoría de la Iglesia católica, que suscriben un “concierto” (acuerdo, contrato) con la Administración pública mediante el que los centros privados se comprometen a ofrecer enseñanzas gratuitas a cambio de una suerte de subvenciones públicas. 

Otras brechas socioeconómicas de interés serían las específicas desigualdades que sufre la población migrante, las dificultades que plantean la despoblación y la ruralidad (España vaciada) o la situación del alumnado con discapacidad, siendo esta última cuestión la que más polémica ha generado en torno a la tensión existente entre especialización e inclusión educativa. Además, permanecen irresueltos debates que separan a la izquierda y la derecha como los del peso de la religión o la formación en valores y ciudadanía.

Nuevos impulsos

En cuanto a las últimas reformas, caben destacar dos que no concentran la atención de los grandes debates. De un lado, con carácter reciente, se ha producido un gran impulso del primer ciclo de educación infantil (etapa de cero a tres años), que se considera fundamental para reducir las desigualdades y garantizar la conciliación. De otro lado, se ha potenciado la formación profesional, que cada vez posee una mayor relevancia discursiva en el plano político-económico, habiéndose aprobado la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. Los debates actuales sobre formación profesional guardan relación con la necesidad de garantizar plazas suficientes en consonancia con la creciente demanda y la adaptación del sistema a los nuevos retos de la economía.

La situación de las universidades

Finalmente, en cuanto a la enseñanza universitaria, que se rige por su normativa propia (principalmente, por la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023, conocida como LOSU), España ha incrementado significativamente el número de universidades en las últimas décadas, que se extienden por todo el territorio español, así como la población adulta con titulación universitaria, que se va acercando al 40 por ciento. En buena medida, este cierto éxito ha sido posible por un sistema de becas y ayudas al estudio que promueve la igualdad de oportunidades y por unos precios públicos moderados (aunque con una tendencia reciente al alza). La principal reforma en el sistema de enseñanzas y en las metodologías ha venido de la mano del proceso de Bolonia y la consecuente construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, de resultas que en los últimos años se han creado agencias de calidad y se han institucionalizado mecanismos de evaluación de la calidad universitaria y docente. Algunas controversias de la última década en el sistema universitario español son la precarización del profesorado, la discreta posición de las universidades españolas en los rankings internacionales, la cuestionable objetividad de los procedimientos de selección del profesorado o el desafío de la suficiencia financiera.

Retos y desafíos futuros

En definitiva, puede sostenerse que la educación en España se ha robustecido en las últimas décadas, alineándose progresivamente con los países de su entorno, aunque presenta problemas estructurales y es objeto de tensiones políticas, sociales y económicas que no aseguran la continuidad de los avances en términos de equidad y calidad.