por Dr. Alfonso Myers Gallardo | Ene 9, 2025 | Internacional
Edición especial: México
Este artículo es el primero de la serie sobre el estado de la educación en el mundo. En Global Mentor estamos comprometidos con la formación de maestros y profesorado en España y en América Latina.
En México, 4 millones de niños y adolescentes no asisten a la escuela, una situación agravada por la falta de recursos, violencia, lejanía de las escuelas y barreras lingüísticas, especialmente en comunidades indígenas. Al día de hoy, la calidad educativa es alarmante: la mitad de los estudiantes de 6º de primaria tiene bajos resultados en lenguaje y comunicación, lo que refleja la ineficacia de los planes de estudio. La pobreza extrema contribuye significativamente al abandono escolar, con solo 2 de cada 5 adolescentes continuando más allá de la secundaria (UNICEF). En esa misma línea, INEGI en 2023, señaló que el 56% de los adultos mexicanos solo ha completado la primaria o secundaria, a pesar de que 8 de cada 10 padres tienen la esperanza de que sus hijos alcancen una licenciatura.
Factores que afectan a la calidad educativa en México
Sin profundizar más, la OCDE señala que las desigualdades en la educación son evidentes: 6 de cada 10 niños de 3 a 5 años no están matriculados en preescolar, y solo el 14% de los jóvenes de 23 a 29 años cursa estudios de posgrado. Si bien, la deserción escolar ha disminuido en las últimas dos décadas, persisten desigualdades regionales significativas, principalmente entre el sur y norte del país.
En educación superior, el 40% de los graduados se especializa en ciencias sociales, pero solo el 1% ha participado en un intercambio internacional, uno de los niveles más bajos de la misma OCDE.
Bajo estos argumentos, es claro que la educación en México enfrenta una serie de desafíos que abarcan desde la desigualdad en el acceso, especialmente en las zonas rurales, hasta la percepción generalizada de un sistema obsoleto y deficiente.
Retos y propuestas para transformar el sistema educativo mexicano
Si miramos al pasado, durante el periodo cardenista y post-cardenista, se realizaron esfuerzos significativos para profesionalizar el sector educativo, con campañas de alfabetización en los años 40 y 50. Sin embargo, desde entonces, cada cambio de administración presidencial sexenal ha evidenciado las deficiencias del sistema, dado que las políticas educativas han estado más influenciadas por enfrentamientos ideológicos que por una visión científica y orientada al desarrollo social. Esto explica por qué las críticas actuales se centran en el rezago educativo, la baja calidad de la enseñanza, la insuficiencia del personal docente, la inadecuada infraestructura, la desactualización de los planes de estudio y los deficientes entornos de aprendizaje. Todos estos factores agravan la brecha social, limitan las oportunidades de los estudiantes y se erigen como barreras para su integración efectiva al mercado laboral.
Si bien han habido reformas, como la Nueva Escuela Mexicana y el Nuevo Modelo Educativo, la situación actual refleja un desencanto generalizado que, aunque poco expresado, ha sido silenciado mediante la articulación de programas sociales en forma de becas para los niveles básico, medio y superior. A pesar de las reformas implementadas, como la Nueva Escuela Mexicana y el Nuevo Modelo Educativo, la situación actual refleja ciertos desafíos en el sistema educativo. Entre ellos, se encuentra la articulación de programas sociales, como las becas para niveles básico, medio y superior, que si bien han contribuido al acceso educativo, podrían enfocarse más en fortalecer las bases del aprendizaje para garantizar un desarrollo integral en los estudiantes. El panorama de la educación en México pone de manifiesto la influencia continua de las organizaciones educativas en la formulación de políticas, un fenómeno que se ha mantenido a lo largo de varias administraciones. Estas dinámicas han planteado retos significativos al sistema, incluyendo la falta de innovación y cierta resistencia al cambio. Esto se refleja en resultados educativos que, según las pruebas PISA de la OCDE, aún no logran alcanzar las expectativas de manera consistente.
Bajo este contexto, el futuro Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, enfrenta el desafío de desarrollar un marco curricular y un plan de estudios en todos los niveles educativos, con especial énfasis en el nivel básico. Es fundamental que la SEP se enfoque en valorar el conocimiento, revalorar la figura del profesor, y distanciarse de los componentes políticos y clientelares, así como del romanticismo y las ambigüedades. Es necesario que la SEP se acerque a los padres de familia, académicos e investigadores especialistas en educación para frenar el deterioro educativo y comenzar a establecer las bases para una reestructuración sostenible del sistema educativo mexicano.
por Miguel Ángel Andrés Llamas | Ene 9, 2025 | Internacional
Edición especial: España
Este artículo forma parte de la serie sobre el estado de la educación en el mundo. En Global Mentor estamos comprometidos con la formación de maestros y profesorado en España y en América Latina.
Desde la recuperación de la democracia, España ha experimentado notables avances en materia educativa, sin perjuicio de que arrastre algunos problemas persistentes. Para comprender la realidad educativa en España, resulta necesario partir del marco constitucional. La Constitución de 1978 regula la educación de forma extensa en su artículo 27, contemplándola como un derecho fundamental y estableciendo el carácter obligatorio y gratuito de la enseñanza básica. Además, hay que tener en cuenta que España se organiza territorialmente como un Estado descentralizado, de manera que las comunidades autónomas han asumido muy amplias competencias en materia educativa, mientras que el Estado se encarga de los aspectos básicos y generales.
El sistema educativo español ha logrado consolidar unas tasas de escolarización prácticamente plenas (en particular desde los tres a los dieciséis años), cuenta con un profesorado cualificado y, con carácter general, dispone de instalaciones adecuadas. Sin embargo, a pesar de esta evolución positiva de largo alcance, no puede obviarse la existencia de algunas sombras sobre el desempeño del sistema educativo y, sobre todo, de profundas brechas educativas que contribuyen a reproducir e incluso a agravar las desigualdades socioeconómicas.
La educación en disputa
Los principales debates sobre la realidad educativa que acaparan la atención política y mediática tienen que ver, por un lado, con las polémicas sobre el pluralismo lingüístico en las comunidades autónomas con lengua propia, sobre en todo en Cataluña; y, por otro lado, con los resultados de la educación española en el informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, elaborado por la OCDE).
En relación con el pluralismo lingüístico, aun cuando queda garantizado el dominio de las dos lenguas oficiales, el uso vehicular del catalán en el sistema educativo de Cataluña (conocido popularmente como “inmersión”) es objeto de intensas críticas y de una recurrente judicialización que se enmarcan en el contexto del conocido conflicto territorial.
En cuanto al informe PISA, suelen destacarse los mediocres resultados obtenidos en matemáticas o comprensión lectora. Aunque no pocas voces autorizadas consideran que este tipo de informes no son suficientes o determinantes para valorar en su justa medida el rendimiento del sistema educativo, los resultados del informe PISA tienen un impacto social significativo y, para importantes sectores de la opinión pública española, reflejan la necesidad de mejorar la calidad educativa.
Una crítica habitual en la esfera pública hace referencia a los continuos cambios normativos, que vendrían a dificultar la gestión educativa y la labor docente. Las principales normas en materia educativa son la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) y, sobre todo, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), siendo esta última modificada sustancialmente en 2013 (LOMCE) y 2020 (LOMLOE). Ahora bien, sin que puedan descartarse algunos inconvenientes, no parece que las características nucleares del sistema educativo español hayan variado sustancialmente en las últimas décadas.
Un problema estructural de la educación en España es la insuficiencia de su financiación, que ha venido siendo inferior a la media de los países de la Unión Europea. Por ello, el legislador de la LOMLOE (2020) impulsó un plan de incremento del gasto público educativo para alcanzar un mínimo del 5 por ciento del producto interior bruto.
El debate sobre la equidad
Desde la perspectiva de la equidad, más debatida en sectores especializados de la comunidad académica y educativa que en el entorno político-mediático, la educación española se ve atravesada por fracturas socioeconómicas que no logra compensar e incluso tiende a acrecentar. En concreto, la principal singularidad del sistema educativo es el elevado peso de la denominada educación concertada, que varía según la comunidad autónoma. En la educación no universitaria, los centros educativos se clasifican en públicos, privados (con alrededor de un 3 por ciento del alumnado matriculado) y privados concertados (cerca de un 30 por ciento del alumnado). Los centros privados concertados son de titularidad privada, en su mayoría de la Iglesia católica, que suscriben un “concierto” (acuerdo, contrato) con la Administración pública mediante el que los centros privados se comprometen a ofrecer enseñanzas gratuitas a cambio de una suerte de subvenciones públicas.
Otras brechas socioeconómicas de interés serían las específicas desigualdades que sufre la población migrante, las dificultades que plantean la despoblación y la ruralidad (España vaciada) o la situación del alumnado con discapacidad, siendo esta última cuestión la que más polémica ha generado en torno a la tensión existente entre especialización e inclusión educativa. Además, permanecen irresueltos debates que separan a la izquierda y la derecha como los del peso de la religión o la formación en valores y ciudadanía.
Nuevos impulsos
En cuanto a las últimas reformas, caben destacar dos que no concentran la atención de los grandes debates. De un lado, con carácter reciente, se ha producido un gran impulso del primer ciclo de educación infantil (etapa de cero a tres años), que se considera fundamental para reducir las desigualdades y garantizar la conciliación. De otro lado, se ha potenciado la formación profesional, que cada vez posee una mayor relevancia discursiva en el plano político-económico, habiéndose aprobado la Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional. Los debates actuales sobre formación profesional guardan relación con la necesidad de garantizar plazas suficientes en consonancia con la creciente demanda y la adaptación del sistema a los nuevos retos de la economía.
La situación de las universidades
Finalmente, en cuanto a la enseñanza universitaria, que se rige por su normativa propia (principalmente, por la Ley Orgánica del Sistema Universitario de 2023, conocida como LOSU), España ha incrementado significativamente el número de universidades en las últimas décadas, que se extienden por todo el territorio español, así como la población adulta con titulación universitaria, que se va acercando al 40 por ciento. En buena medida, este cierto éxito ha sido posible por un sistema de becas y ayudas al estudio que promueve la igualdad de oportunidades y por unos precios públicos moderados (aunque con una tendencia reciente al alza). La principal reforma en el sistema de enseñanzas y en las metodologías ha venido de la mano del proceso de Bolonia y la consecuente construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, de resultas que en los últimos años se han creado agencias de calidad y se han institucionalizado mecanismos de evaluación de la calidad universitaria y docente. Algunas controversias de la última década en el sistema universitario español son la precarización del profesorado, la discreta posición de las universidades españolas en los rankings internacionales, la cuestionable objetividad de los procedimientos de selección del profesorado o el desafío de la suficiencia financiera.
Retos y desafíos futuros
En definitiva, puede sostenerse que la educación en España se ha robustecido en las últimas décadas, alineándose progresivamente con los países de su entorno, aunque presenta problemas estructurales y es objeto de tensiones políticas, sociales y económicas que no aseguran la continuidad de los avances en términos de equidad y calidad.
por Dr. Raúl Gutiérrez Canales | Ene 9, 2025 | Internacional
Edición especial: Perú
Este artículo es el primero de la serie sobre el estado de la educación en el mundo. En Global Mentor estamos comprometidos con la formación de maestros y profesorado en España y en América Latina.
El rol del Estado en la garantía del servicio educativo
El servicio educativo privado no es un mero contrato ordinario entre privados, donde el Estado no deba tener intervención. Su prestación por parte de particulares, en nada desdibuja su condición de servicio público esencial, cuyo resguardo y control compete al Estado. Y no solo porque una ley lo declara expresamente así (Ley 28988, que declara a la educación básica regular como servicio público esencial), sino porque el ordenamiento constitucional e internacional así lo reconocen.
El Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Observación General 13, del 8 de diciembre de 1999), precisó:
“La educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades. Desempeña un papel decisivo en la emancipación de la mujer, la protección de los niños contra la explotación, la promoción de los derechos humanos y la democracia, la protección del medio ambiente (…)”.
La educación como derecho fundamental y servicio público
Dicha afirmación es tan vigente y comprobada, que permite traslucir la indudable condición del derecho a la educación como un servicio público que todo régimen democrático, como el peruano, debe atender, ya sea como prestador directo o como garante de su prestación por parte de terceros.
La Constitución de 1993 (artículos 13 a 19) no llama expresamente a la educación como un derecho, como sí lo hizo la Constitución previa, de 1979. Antes que recordar el contexto en que se aprobó la constitución vigente y la política de privatización del servicio que impulsó el gobierno respectivo, hoy no existe discusión sobre la naturaleza de la educación como derecho de rango constitucional. El sustento está en los valores del modelo democrático y en la vinculación del Perú respecto de los tratados internacionales sobre derechos humanos, aspectos que han sido considerados en la Ley General de Educación y en los pronunciamientos reiterados del Tribunal Constitucional, que ha fijado sus alcances y ha definido su primer nivel de importancia.
En efecto, el derecho a la educación permite “la plena realización de otros derechos fundamentales, por cuanto la formación en valores, técnica y académica es un presupuesto indispensable para participar plenamente en la vida social y política del país” (STC 00091-2005-PA/TC). La UNESCO reconoce que es “un derecho clave, puesto que permite el completo ejercicio y disfrute de todos los demás derechos humanos. Todos los derechos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas han recibido una educación mínima”. Si la educación es condición para el ejercicio efectivo y pleno de todos los demás derechos que garantizan las sociedades democráticas y los estados constitucionales, no puede quedar interrogante alguna sobre su configuración irrenunciable de servicio primario. Por ello, la jurisprudencia constitucional reconoce el carácter binario de la educación, pues, además de ser un derecho fundamental, es un servicio público, ya que “se trata de una prestación pública que explicita una de las funciones-fines del Estado, de ejecución per se o por terceros bajo fiscalización estatal” (STC 4232-2004-AA/TC).
Con ello, queda claro que, independientemente de que el servicio sea prestado por un tercero de naturaleza privada, no deja de ser público, persistiendo, entonces, el deber de control estatal. Es decir, la dimensión objetiva del derecho a la educación, no solo se concentra en un interés justificado del Estado en su correcta prestación, sino, sobre todo, en un deber constitucional que recae en la supervisión y, en su caso, intervención permanente del Estado en la garantía de que el derecho sea ejercido en condiciones de plenitud.
Adaptabilidad y equidad en el acceso a la educación
Precisamente, una de las características esenciales del derecho a la educación es la adaptabilidad (STC 0091-2005-PA/TC), que consiste en que los programas y métodos deben adecuarse a las necesidades de cada sociedad. Naturalmente, este aspecto no se resume en el empleo de medios tecnológicos o de uso de recursos que se adapten a los diferentes entornos, pues el fin que se describe es la atención de las necesidades de la sociedad; y este elemento puede ser armonizado, válidamente, con el sinceramiento de una contraprestación razonable y proporcional al servicio que se brinda en una situación de emergencia sanitaria, donde los escolares reciben las clases desde plataformas virtuales.
Además, el acceso al servicio educativo comprende la preferencia, ante todo, del principio del interés superior del niño (STC 04646-2007-AA/TC) y que persiste el efecto horizontal del derecho a la educación en todos los ámbitos; esto, por cuanto, como se ha reconocido en el caso de la educación universitaria, “las empresas no deben perder nunca de vista que tienen frente a sí un derecho esencial para el desarrollo de todo ser humano y primordial para alcanzar la justicia. Su labor no debe desarrollarse solo en la búsqueda de un mero interés económico, sino que debe representar ese espíritu de solidaridad y humanidad” (STC 00607-2009-AA/TC), que debe caracterizar la función social del servicio educativo.
Desafíos y compromisos en el sistema educativo peruano
A mayor abundamiento, el derecho a la educación, en su condición de derecho social, no puede ser postergado de forma incierta o indeterminada, de tal manera que afecte su eficacia por razones presupuestales. De allí, que se impone la exigibilidad de los derechos sociales, debiendo comprobarse acciones concretas de parte del Estado para la ejecución de políticas en la materia (02945-2003-AA/TC).
Asimismo, la Constitución peruana, en su cuarta disposición final y transitoria, señala que las normas sobre los derechos constitucionales se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este texto, en su preámbulo, indica que el respeto a los derechos y libertades se promueven mediante la educación, reconociendo el carácter universal de dicho derecho en el artículo 26. En este sentido, la protección del derecho no solo tiene base en el pacto político de la sociedad peruana, sino en una obligación que compromete la responsabilidad internacional del Estado.
Con todo, queda descartado que se pueda aceptar que el tratamiento de un acuerdo de prestación del servicio educativo escolar, pueda ser equiparado a un contrato de contraprestaciones económicas privadas, que excluye cualquier interés ajeno a las partes. El servicio educativo, sea prestado por el Estado o por una institución privada, es un servicio público, que comprende un derecho, cuyo ejercicio pleno es un asunto de interés vinculante para la administración pública. Esta afirmación solo puede materializarse en el rol activo del Estado en el control y garantía de la prestación adecuada del servicio en todos los ámbitos.
Finalmente, las precisiones hechas en nada convalidan los serios problemas que la educación pública arrastra hace muchos años en el Perú, cuyas soluciones se deben seguir exigiendo en la totalidad de niveles. No obstante, tampoco se puede voltear la mirada y no identificar los problemas que la priorización o intangibilidad de la educación privada ha generado en el país, desde la ocurrencia de reprochables negocios que se sirven de los incentivos económicos estatales hasta la conversión de la educación de calidad en un servicio accesible a un sector claramente minoritario de la sociedad.
